Fiscalía mantiene órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo mientras verifica ingreso a zonas temporales

La Fiscalía General de la Nación confirmó que mantendrá vigentes las órdenes de captura contra 29 integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, incluido su máximo cabecilla, alias “Chiquito Malo”, hasta verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas para su traslado a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).

La decisión se produce luego de que el Gobierno nacional solicitara el pasado 8 de mayo la suspensión temporal de las órdenes de captura y de extradición como parte de los preparativos para avanzar en diálogos formales con esa estructura armada.

De acuerdo con la Resolución Occp No. 120 del 29 de abril de 2026, el Gobierno autorizó el desplazamiento preparatorio de 29 miembros del Clan del Golfo hacia dos Zonas de Ubicación Temporal ubicadas en los departamentos de Córdoba y Chocó, cuyo funcionamiento comenzará el 25 de junio de 2026.

La medida, coordinada por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, busca facilitar el sometimiento a la justicia, la desmovilización y el desmantelamiento de las estructuras criminales.

No obstante, la Fiscalía aclaró que la suspensión de las órdenes de captura no será automática ni inmediata. El ente acusador señaló que primero debe verificar la identidad, situación jurídica y cumplimiento de los requisitos legales por parte de cada uno de los integrantes incluidos en el listado remitido por el Gobierno.

“La ZUT debe entenderse como un medio para facilitar la desmovilización, el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento del grupo, no como el punto final del proceso ni como una habilitación general de movilidad”, indicó la entidad.

Entre los nombres incluidos en la solicitud del Gobierno figura Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, principal cabecilla del Clan del Golfo y requerido en extradición por Estados Unidos.

Sobre él ya existe concepto favorable de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia desde diciembre de 2025. Sin embargo, la decisión final sobre su extradición continúa en manos del presidente de la República.

La Fiscalía insistió en que la información entregada hasta ahora por el Gobierno únicamente acredita compromisos de ingreso a las ZUT, pero no confirma el cumplimiento efectivo de las condiciones pactadas ni el control total sobre los integrantes del grupo armado.

Asimismo, el Ministerio Público advirtió que se requieren mecanismos claros y verificables para garantizar la identificación, movilidad y permanencia de los integrantes del Clan del Golfo bajo supervisión estatal.

La resolución fue comunicada al Ministerio de Defensa, encargado de brindar garantías de seguridad durante los desplazamientos, y a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (Mapp-OEA), que acompañará el monitoreo y verificación del proceso.

El listado de 29 integrantes es considerado por el Gobierno como una primera fase que podría ampliarse conforme avance la coordinación institucional y las consultas internas con el grupo armado.

La administración del presidente Gustavo Petro sostiene que la medida busca crear condiciones para la transición de economías ilegales a proyectos lícitos, la entrega de armas y el avance de un eventual proceso de paz con el Clan del Golfo.

Sin embargo, la Fiscalía reiteró que las investigaciones y procesos judiciales contra los integrantes de esa organización continúan vigentes y que la suspensión de órdenes de captura solo podrá hacerse efectiva cuando se compruebe el cumplimiento de los requisitos establecidos.