Desde la sala estratégica de la Policía Nacional en Bogotá, el alto oficial destacó que más de 120.000 hombres y mujeres de la institución fueron desplegados para brindar seguridad directa y perimetral en los puestos de votación distribuidos en todo el territorio nacional.
“Más de 120 mil hombres y mujeres están cubriendo de manera directa y circundante estos puestos de votación, las mesas de votación”, señaló el general Rico Guzmán al referirse al operativo que cubre cerca del 90 % de las mesas habilitadas para los comicios.
El dispositivo de vigilancia incluye unidades especializadas de inteligencia, policía judicial, carabineros, tránsito y transporte, además de grupos tácticos como Unipol y Copes, encargados de responder ante cualquier eventualidad que pueda afectar el normal desarrollo de la jornada electoral.
De acuerdo con el oficial, la planificación de este esquema de seguridad comenzó desde junio de 2025 y se fortaleció con la experiencia obtenida durante consultas populares y procesos electorales anteriores.
“Llevamos un planeamiento que viene desarrollándose desde hace aproximadamente un año”, explicó el general, al destacar el trabajo de coordinación entre distintas dependencias de la Fuerza Pública y las autoridades electorales.
Incautan cerca de $780 millones durante la jornada
Aunque el balance general es positivo, las autoridades reportaron cinco casos de incautación de dinero en efectivo durante las primeras horas de las votaciones.
Según la información suministrada por la Policía Nacional, los operativos permitieron decomisar aproximadamente 780 millones de pesos. Uno de los procedimientos más recientes se registró cuando una patrulla de tránsito interceptó a una persona que transportaba 111 millones de pesos en efectivo.
Tanto el dinero como el ciudadano fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá establecer el origen de los recursos y determinar si existe alguna relación con delitos electorales.
Las autoridades no descartan que parte de los recursos estuvieran destinados a prácticas de corrupción al sufragante, delito contemplado en la Ley 1864 de 2017, que castiga la compra o venta de votos con penas de entre cuatro y ocho años de prisión, además de multas económicas que pueden alcanzar los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La legislación establece sanciones aún más severas cuando estas conductas involucran a servidores públicos o recursos provenientes del Estado.
Llamado a denunciar irregularidades
Ante estos hallazgos, el general Rico Guzmán invitó a los ciudadanos a convertirse en veedores activos del proceso electoral y reportar cualquier situación sospechosa.
“Invitamos a toda la comunidad a seguir siendo parte de la vigilancia y el control. Pueden comunicarse a través de la línea 123 o de la línea anticorrupción 157 para reportar cualquier hecho que genere dudas o requiera verificación”, indicó.
El oficial recordó que durante las elecciones legislativas celebradas en marzo de 2026 se recibieron alrededor de 120 denuncias ciudadanas relacionadas con movimientos sospechosos de personas, vehículos, inmuebles y establecimientos comerciales, información que permitió realizar verificaciones oportunas.
Por ahora, las autoridades mantienen el monitoreo permanente en todo el país y aseguran que la jornada avanza sin contratiempos significativos. Se espera que al cierre de las urnas, previsto para las 4:00 de la tarde, se entregue un balance consolidado de los operativos de seguridad y de las acciones adelantadas para garantizar la transparencia del proceso electoral.
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