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El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó suspender de manera provisional el decreto que establecía el traslado masivo de millones de usuarios del sistema de salud hacia entidades promotoras intervenidas por el Gobierno.
La decisión frena los efectos del Decreto 0182 de 2026, expedido el 25 de febrero, el cual proponía modificar el modelo de aseguramiento en salud mediante un enfoque territorial que implicaba el traslado de 6,6 millones de afiliados, principalmente hacia la Nueva EPS.
Según el tribunal, la medida podría generar un perjuicio irreversible para los usuarios y afectar derechos fundamentales como la libre elección de aseguradora en salud.
Riesgo de desaparición de EPS
Uno de los argumentos centrales de la decisión judicial es el impacto que el decreto tendría sobre el funcionamiento del sistema.
El tribunal advirtió que, de aplicarse la medida, varias EPS podrían dejar de operar en determinadas regiones del país, lo que reduciría significativamente las opciones disponibles para los afiliados.
Antes del decreto, en muchos municipios operaban entre dos y cinco EPS, lo que permitía un mínimo de competencia entre entidades y daba a los usuarios la posibilidad de cambiar de aseguradora si no estaban conformes con el servicio.
Con el nuevo modelo, algunos territorios podrían quedar con una sola EPS autorizada, situación que, según los magistrados, limitaría la capacidad de elección de los pacientes.
Posible violación al derecho de libre elección
El tribunal también señaló que el traslado masivo de afiliados podría vulnerar el derecho de los ciudadanos a escoger libremente su entidad de aseguramiento.
En la práctica, la permanencia en ciertas EPS —como Nueva EPS— dejaría de ser una decisión voluntaria del afiliado para convertirse en una imposición derivada del nuevo esquema territorial del sistema.
Además, la providencia judicial advierte que el decreto podría concentrar la operación del sistema en una sola entidad en más de 500 municipios, lo que tendría efectos estructurales sobre el acceso a los servicios de salud.
Impacto en la competencia del sistema
Otro de los puntos analizados por el tribunal es el efecto que la medida tendría sobre la competencia dentro del sistema de salud.
La reducción del número de aseguradoras activas podría alterar el funcionamiento del modelo actual, en el que los usuarios pueden cambiar de EPS cuando consideran que el servicio no cumple sus expectativas.
La decisión judicial también advierte que una reducción drástica del número de afiliados de algunas entidades podría generar tensiones financieras y operativas, aumentando el riesgo de liquidación de algunas EPS y provocando nuevos traslados masivos de usuarios.
Falta de sustento técnico
Los magistrados también cuestionaron los criterios técnicos utilizados para justificar el traslado de afiliados.
Según el análisis del proceso, el estudio que sustentó el decreto no explica con claridad cómo se definieron los porcentajes mínimos de afiliados que una EPS debe tener para operar en distintos niveles territoriales.
Tampoco se detalla qué entidades cumplirían con la llamada “masa crítica nacional” de usuarios, lo que, en la práctica, habría terminado favoreciendo únicamente a Nueva EPS.
Orden al Gobierno
Con la medida cautelar, el tribunal ordenó al Gobierno nacional —a través del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y de la Superintendencia Nacional de Salud— abstenerse de aplicar las disposiciones del decreto hasta que se emita una decisión definitiva sobre la demanda.
La suspensión se mantendrá vigente mientras la justicia analiza de fondo la legalidad de la norma y sus posibles efectos sobre el sistema de salud colombiano.
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