"Es hora de que las Cámaras de Comercio desaparezcan"

Por: JAIME VÉLEZ GUERRERO* 

Las cámaras de comercio representan una de las distorsiones institucionales más graves del país: entidades privadas que ejercen funciones públicas obligatorias y se financian mediante cobros ineludibles para cualquier ciudadano que aspire a formalizar su actividad económica. Lejos de impulsar el desarrollo empresarial, han consolidado un monopolio administrativo que desangra a los pequeños empresarios, obligándolos a sostener con sus propios recursos una estructura crecientemente burocrática y secuestrada por mafias empresariales.

El poder público colombiano jamás debió transferir a actores no estatales funciones tan sensibles como la inscripción mercantil y la custodia de archivos estratégicos. Bajo esta delegación, la actividad comercial de pequeña escala quedó expuesta a presiones y cobros sin controles efectivos, mientras los recursos que aporta terminan circulando fuera de una supervisión gubernamental rigurosa.

Más grave aún es que estas instituciones administran datos confidenciales de sociedades y personas naturales, en un entorno donde abundan la negligencia administrativa y los delitos informáticos. Suplantaciones, filtraciones y manipulación indebida de información.

La pregunta es inevitable: ¿por qué una función pública neurálgica se encuentra en manos particulares? La respuesta es contundente: nunca debería estarlo. La recaudación de tasas, la administración de registros y la protección de datos empresariales son competencias exclusivas del Estado, cuya entrega a entidades privadas compromete la seguridad

El discurso de que las cámaras de comercioimpulsan al sector más desprotegido del empresariado es una falacia. Su operación real es un sistema oneroso diseñado para favorecer a grandes conglomerados económicos y a quienes mantienen vínculos políticos, mientras los titulares de negocios soportan los costos y las consecuencias inevitables.

Se ha documentado que, una vez formalizada la inscripción de sus sociedades, diversos comerciantes quedan expuestos a conductas extorsivas, entre ellas comunicaciones telefónicas y electrónicas con contenido intimidatorio. Asimismo, quienes no acceden a tales exigencias han reportado amenazas, hostigamiento y actos de violencia dirigidos a sus establecimientos e incluso en perjuicio de su integridad personal. Estos hechos requieren esclarecimiento mediante investigaciones penales a fin de determinar si los grupos delincuenciales involucrados actúan de manera autónoma o si existe algún grado de participación, facilitación, omisión relevante o conexidad operativa por parte de funcionarios, contratistas o terceros vinculados a la cámara de comercio.

Dentro de este marco organizativo opera un cartel de poder blindado que protege sus intereses mientras subyuga y estrangula a las microempresas, amparado por un sistema político permeado por la corrupción que los respalda y los mantiene al margen de toda rendición de cuentas. Explotan, controlan y lucran con quienes dicen representar.

A mi juicio, la estrategia más eficaz para que el Gobierno desvincule a las cámaras de comercio de sus atribuciones públicas es una reforma legal que traslade el registro mercantil y demás deberes obligatorios al sector estatal, incorporando la vigilancia de las veedurías ciudadanas como garantes de transparencia.

*Abogado, criminólogo y escritor