El empresario Emilio José Tapia Aldana, reconocido por su participación en algunos de los escándalos de corrupción más sonados de la última década en Colombia, fue capturado el 31 de octubre de 2025 en la ciudad de Barranquilla por agentes de la Dijín de la Policía Nacional. La detención se realizó en cumplimiento de una orden emitida semanas antes por el Juzgado 15 del Circuito Penal de Bogotá, que revocó el beneficio de libertad condicional y ordenó su reclusión inmediata en un establecimiento penitenciario bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
La decisión judicial, fechada el 10 de octubre de 2025, dispuso de manera explícita:
“ORDENAR LA CAPTURA INMEDIATA de EMILIO JOSÉ TAPIA ALDANA a través del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla y/o quien corresponda, para que el sentenciado continúe con el tratamiento penitenciario a que viene siendo sometido, en el establecimiento penitenciario que disponga el Inpec”.
En ese momento, Tapia se encontraba en la Clínica Altos del Prado recibiendo atención médica por un cuadro de hipertensión, bajo supervisión del Inpec. Tres semanas después, la captura se concretó en la capital del Atlántico, tras confirmarse que el empresario debía cumplir la condena impuesta por su implicación en el escándalo de Centros Poblados, un caso de corrupción que involucró la desviación de 70.000 millones de pesos destinados a ampliar la conectividad digital en zonas rurales del país.
El fallo que motivó su recaptura revocó una decisión previa que le había otorgado la libertad condicional, al considerar que Tapia no cumplía con los requisitos legales de resocialización. El despacho judicial argumentó que el empresario, quien ya acumula dos condenas por corrupción, no ha demostrado una conducta coherente con los principios del tratamiento penitenciario.
En la providencia se señaló que “cuando un individuo se confabula con otros para defraudar a la administración pública en perjuicio de la comunidad, trasluce una personalidad inadecuada, que no se detiene ante el bienestar general”. El juzgado añadió que a Tapia “poco le importó el menoscabo y desprestigio causados a la administración pública”, razón por la cual su perfil no es compatible con los fines de la libertad condicional.
La trayectoria judicial de Emilio Tapia está marcada por múltiples procesos relacionados con la corrupción en la contratación pública. En 2015, fue condenado a siete años de prisión por su papel en el llamado “carrusel de la contratación” en Bogotá, que implicó el desvío de millonarios recursos del Distrito. Posteriormente, fue sentenciado a seis años y cuatro meses de prisión por el caso Centros Poblados, que tuvo lugar entre 2020 y 2021 y afectó directamente al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic).
En consecuencia, Tapia enfrenta condenas por los delitos de cohecho propio, interés ilícito en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particular y concierto para delinquir.
Además, el empresario sigue vinculado a nuevas investigaciones por presuntas irregularidades en contratos de la Empresa de Servicios Públicos de Cali (Emcali), lo que amplía el espectro judicial que pesa en su contra.
Pese a la orden de captura emitida el 10 de octubre, la defensa de Tapia sostuvo que este no se encontraba prófugo. Su abogada, Diana Muñoz Castellanos, aseguró a La FM el 28 de octubre que, hasta ese momento, “no se había emitido una orden de captura formal” y que su cliente se mantenía “de cara a la administración de justicia”.
“Emilio no está prófugo de la justicia. Desde el primer momento nos pusimos a disposición del juez de ejecución de penas y del Inpec. Él sigue colaborando con la justicia en los demás procesos en los que ha actuado como testigo”, afirmó Muñoz.
Con esta nueva decisión judicial, el nombre de Emilio Tapia vuelve a ocupar los titulares nacionales, simbolizando —según varios analistas— la persistencia de viejas prácticas de corrupción en la contratación pública del país. La justicia colombiana, por su parte, ha dejado claro que el empresario deberá cumplir íntegramente las condenas que pesan sobre él, mientras avanza el proceso de verificación de su estado de salud y se define el centro penitenciario donde continuará su reclusión.
.jpg)
0 Comentarios