El origen de la controversia
El pasado 14 de mayo, el Senado rechazó la convocatoria de la consulta popular propuesta por el Gobierno, lo que, según los opositores, debería haber cerrado el debate sobre el tema. Sin embargo, Petro anunció que expedirá el decreto para llevar adelante la consulta, afirmando que el Congreso actuó de manera irregular al bloquear la iniciativa.
Reacciones políticas
Diversos sectores han calificado la decisión como un "golpe de Estado", argumentando que el Ejecutivo no puede pasar por encima del Legislativo. Ocho partidos políticos, entre ellos Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y Partido ASI, emitieron un comunicado conjunto rechazando la medida.
El expresidente Iván Duque advirtió que la consulta por decreto representa una amenaza para la democracia y pidió a las instituciones actuar para frenar el intento del Gobierno. Por su parte, Álvaro Uribe comparó la situación con el plebiscito de 2016, asegurando que Colombia enfrenta un nuevo quiebre constitucional.
Posición del Gobierno
El presidente Petro ha defendido su decisión, asegurando que la consulta popular es un mecanismo legítimo para que la ciudadanía se exprese sobre temas clave como la reforma laboral y el sistema de salud. Además, ha señalado que la Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre la legalidad del decreto.
Impacto en la institucionalidad
El anuncio ha generado incertidumbre sobre el futuro político del país. Mientras algunos sectores consideran que la consulta es una herramienta democrática, otros advierten que podría sentar un precedente peligroso al ignorar la separación de poderes.
La comunidad política y jurídica sigue atenta a los próximos movimientos del Gobierno y a la respuesta de las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la Constitución.
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