Una decisión del Consejo de Estado ha reavivado el debate político y jurídico en torno a la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro, al admitir para estudio una demanda que busca anular la votación del Senado que negó su realización.
El alto tribunal, mediante un auto firmado por el magistrado ponente Pedro Pablo Vanegas, aceptó el 29 de mayo de 2025 revisar una acción judicial presentada por el ciudadano Raymundo Francisco Marenco Boekhoudt. En su demanda, Marenco solicita declarar la nulidad de la votación realizada el 14 de mayo en el Senado, en la cual se emitió un concepto desfavorable sobre la solicitud de consulta popular elevada por el presidente de la República.
Petro había radicado su solicitud ante el Congreso el pasado 1 de mayo, buscando autorización para someter a las urnas un conjunto de preguntas dirigidas a la ciudadanía sobre temas claves de su agenda de gobierno. La Constitución colombiana, en su artículo 104, exige que este tipo de mecanismos democráticos cuenten con un concepto previo del Legislativo. No obstante, el Senado negó el aval con una estrecha votación: 49 votos en contra frente a 47 a favor.
La decisión fue certificada por la Secretaría General del Senado, lo que dio por cerrado formalmente el trámite legislativo. Sin embargo, para el magistrado Vanegas, esta negativa no puede ser considerada un simple acto de trámite, sino que adquirió carácter definitivo al poner fin a un procedimiento de iniciativa presidencial.
“El acto se convirtió en definitivo, pues con ello culminó el trámite iniciado el 1° de mayo por el presidente y sus ministros, previsto en el artículo 104 de la Constitución”, señala el auto del Consejo de Estado. En consecuencia, el magistrado concluye que se trata de un acto de contenido electoral, sujeto al control judicial según lo establece el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
La admisión de la demanda no implica, por ahora, la suspensión de los efectos de la votación del 14 de mayo. Sin embargo, el proceso judicial podría tener implicaciones importantes para la agenda del Gobierno, ya que podría abrir la posibilidad de reactivar el trámite de la consulta popular si se llegara a comprobar que la votación tuvo vicios de procedimiento o careció de legalidad.
Como parte del procedimiento, el Consejo de Estado ordenó notificar personalmente al presidente del Senado, Efraín Cepeda; al Ministerio Público; a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; y al propio presidente Gustavo Petro. Además, el Senado deberá entregar todos los antecedentes administrativos relacionados con la votación cuestionada. La corporación legislativa tiene un plazo de 30 días para contestar la demanda y presentar su defensa.
El caso también ha reavivado tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, generó polémica al advertir que, si no se obtenía una respuesta institucional antes del 1 de junio, el Gobierno consideraría realizar la consulta por decreto. Esta declaración fue rechazada de forma tajante por el Congreso.
El presidente del Senado respondió el 29 de mayo mediante una carta pública en la que defendió la legalidad del procedimiento legislativo. Cepeda subrayó que el Congreso actuó conforme a la Constitución y la ley, y advirtió que cualquier intento de eludir al Legislativo atentaría contra el equilibrio institucional.
Mientras tanto, el Consejo de Estado deberá analizar en profundidad si el Senado incurrió en irregularidades al rechazar la consulta o si su actuación se ajustó plenamente al marco jurídico. La decisión final podría tener un impacto decisivo no solo en el futuro del mecanismo propuesto por Petro, sino también en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso durante lo que resta de su mandato.
0 Comentarios