Un juez ambulante con función de control de garantías de Antioquia ordenó compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que examine la conducta del presidente Abelardo de la Espriella, luego del enfrentamiento verbal que protagonizó con Néider Yesid Uñates López, alias ‘Primo Gay’, durante su presentación pública tras ser capturado.
La decisión se produjo durante la audiencia de legalización de captura de Uñates López y de Henry Sneyder Herrón Serna, otro de los detenidos en el operativo contra integrantes del Clan del Golfo.
El juez consideró necesario que la instancia competente examine las intervenciones del mandatario y las expresiones que utilizó contra los capturados, al estimar que pudieron afectar su dignidad humana.
Durante la diligencia, el funcionario judicial señaló que las manifestaciones del presidente fueron despectivas y se produjeron por fuera del procedimiento legal de captura.
En consecuencia, solicitó a la Comisión de Investigación y Acusación que examine los hechos dentro de sus competencias constitucionales y legales y determine si hay lugar a actuaciones contra el jefe de Estado.
La decisión no constituye una declaración de responsabilidad del mandatario ni significa que ya exista una investigación formal en su contra. Corresponderá a la Comisión evaluar los elementos remitidos y determinar las actuaciones pertinentes.
La Procuraduría también deberá examinar el procedimiento
El juez dispuso igualmente compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que establezca si servidores públicos incurrieron en posibles faltas disciplinarias al autorizar, organizar, ejecutar o permitir la exhibición de los detenidos ante los medios de comunicación en Montería, Córdoba.
La entidad deberá establecer, si resulta necesario, quiénes fueron los funcionarios que intervinieron en la presentación pública de los capturados y cuál fue su responsabilidad en ese procedimiento.
El cuestionamiento judicial no se limitó, por tanto, a las palabras del presidente. También puso bajo examen la participación de las autoridades que hicieron posible que los detenidos fueran expuestos públicamente mientras se adelantaban las actuaciones judiciales correspondientes.
El juez estuvo cerca de declarar ilegales las capturas
Otro aspecto relevante de la audiencia fue que el despacho judicial estuvo cerca de declarar ilegales las capturas de Uñates López y Herrón Serna, debido a los reparos que planteó sobre las circunstancias en que se produjo la exhibición pública de los detenidos y el careo con el presidente.
Finalmente, el juez declaró legales las detenciones, por lo que el proceso penal pudo continuar con las actuaciones correspondientes.
Según los reportes conocidos, los capturados quedaron a disposición de la justicia y el caso avanzó hacia las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.
Las expresiones del presidente que originaron la controversia
La polémica comenzó con un video difundido por Abelardo de la Espriella en sus cuentas oficiales, en el que aparece frente a alias ‘Primo Gay’, a quien las autoridades señalan de pertenecer a una estructura criminal vinculada al Clan del Golfo.
Durante el encuentro, el mandatario lo calificó de “miserable, asesino, despreciable” y le atribuyó responsabilidad en homicidios de integrantes de la fuerza pública y otros hechos violentos.
De la Espriella también sostuvo que Uñates López estaría relacionado con la muerte de 13 policías y seis militares durante operaciones de erradicación, así como con el secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda.
En otro momento del video, el presidente afirmó que el detenido sería candidato para el proyecto de trasladar criminales a embarcaciones en alta mar, con la expresión: “Lo vamos a meter a altamar, a donde no llegue ni la señal de la Santa Cruz”.
El registro también mostró un intercambio entre el mandatario y Henry Sneyder Herrón Serna, conocido como alias ‘Pata de Palo’, señalado como segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo.
La controversia plantea interrogantes sobre los límites de la actuación presidencial frente a personas capturadas, el respeto a la dignidad humana y la presunción de inocencia, garantías que deben observarse incluso cuando los detenidos son señalados de graves delitos.
Por ahora, la decisión judicial abre la puerta a que los organismos competentes examinen tanto las expresiones del presidente como la actuación de los funcionarios que participaron en la exhibición pública de los capturados.

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