El Gobierno nacional expedirá por decreto el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, por un monto de $634,9 billones, luego de que surgieran diferencias entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes que impidieron completar el trámite legislativo, según la información conocida este miércoles 21 de octubre.
El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció que el decreto incorporará las modificaciones aprobadas durante el primer debate en las comisiones económicas del Congreso, lo que dejaría sin efecto varios cambios introducidos durante las discusiones posteriores en las plenarias.
“El Gobierno nacional, en el día de hoy, procederá a decretar dicho Presupuesto General de la Nación. Este presupuesto que vamos a decretar hoy es el presupuesto de la verdad, que sí incluye todos los gastos sociales y de funcionamiento del Estado”, afirmó Restrepo.
La decisión abre un nuevo capítulo en la controversia presupuestal y plantea interrogantes sobre la distribución de los recursos públicos para la próxima vigencia, así como sobre la seguridad jurídica del procedimiento utilizado por el Ejecutivo.
El artículo 65 provocó la diferencia entre Cámara y Senado
El desacuerdo se habría originado en el artículo 65 del proyecto, relacionado con coberturas financieras destinadas a reducir el impacto fiscal de las variaciones en los precios del petróleo, los combustibles y la tasa de cambio.
De acuerdo con el reporte, el Senado aprobó el proyecto sin modificar esa disposición, mientras que la Cámara de Representantes votó una proposición que sí alteraba su contenido.
La diferencia entre los textos no habría sido conciliada dentro del plazo establecido para completar el trámite legislativo. Ante esa situación, el Gobierno decidió recurrir al mecanismo que, según el vicepresidente, permite adoptar el presupuesto mediante decreto cuando el Congreso no culmina oportunamente el procedimiento.
Restrepo sostuvo que el proyecto no fue hundido ni rechazado por el Legislativo, pues había recibido respaldo en las dos corporaciones. También señaló que el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto contempla la aplicación del proyecto gubernamental con las modificaciones aprobadas en el primer debate.
El alcance jurídico de esa interpretación será determinante para establecer cuáles disposiciones pueden incorporarse al decreto y qué modificaciones posteriores quedarían excluidas.
Salud, pensiones y universidades perderían adiciones
Uno de los efectos más relevantes de la decisión sería la reversión de varias partidas adicionales acordadas durante las discusiones en el Congreso.
Según las cifras del material de referencia, se perderían los siguientes recursos:
Salud: $3 billones adicionales.
Pensiones: $6,5 billones.
Subsidios de energía y gas: $3 billones.
Universidades públicas: $700.000 millones.
También quedaría sin efecto una reducción cercana a $8 billones en los recursos destinados al servicio de la deuda, que se había acordado para trasladar dinero hacia la inversión regional.
El reporte señala, además, que se reversaría una adición de $6,4 billones para el sector Defensa y una asignación adicional para salud atribuida al senador Andrés Forero.
Estas modificaciones muestran que, aunque el presupuesto conservaría un monto global de $634,9 billones, su distribución entre sectores podría cambiar de manera significativa.
El Gobierno defiende el presupuesto decretado
Restrepo calificó el presupuesto como la hoja de ruta financiera del Estado para 2027 y defendió que el monto anunciado permite atender las obligaciones de funcionamiento y los compromisos sociales del Gobierno.
El vicepresidente también cuestionó el presupuesto presentado por la administración anterior, al afirmar que no contemplaba adecuadamente las partidas sociales.
“Muy a diferencia del presupuesto que el gobierno anterior había presentado, que fue rechazado por el Congreso por ser un presupuesto mentiroso y que no incluía las partidas sociales”, manifestó.
Las declaraciones se producen en medio de un debate sobre las prioridades del gasto público, las necesidades de financiación de los sectores sociales y la destinación de recursos a las regiones.
Cuestionamientos sobre el trámite legislativo
La controversia también se centra en la responsabilidad por la incorporación de la proposición relacionada con el artículo 65.
El representante John Edgar Pérez, coordinador ponente, habría señalado que recibió proposiciones previamente debatidas y avaladas por el Ministerio de Hacienda, entre las que se encontraba la correspondiente a ese artículo.
Según el reporte, algunos integrantes del Gobierno atribuyeron el problema a los ponentes que habrían incorporado la proposición en un bloque de votación que no correspondía. Desde el Senado, en cambio, se habría cuestionado la actuación del Ministerio de Hacienda en el seguimiento de las modificaciones discutidas durante el trámite.
La determinación de las responsabilidades dependerá de la revisión de las actas, las proposiciones presentadas y los textos oficiales aprobados por ambas cámaras.
Un presupuesto pendiente de escrutinio jurídico
La expedición del presupuesto por decreto abre un escenario de revisión sobre la legalidad del procedimiento y la aplicación de las modificaciones introducidas durante el trámite legislativo.
La atención estará puesta en el contenido definitivo del decreto, la justificación jurídica del Gobierno y la posibilidad de que las disposiciones adoptadas sean cuestionadas ante las autoridades competentes.
El presupuesto de 2027, por $634,9 billones, definirá las prioridades de gasto e inversión de la Nación durante el próximo año. Sin embargo, además de la cifra global, el debate se concentrará en qué sectores recibirán finalmente los recursos y cuáles de las adiciones aprobadas durante las discusiones parlamentarias quedarán por fuera de la distribución definitiva.
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