La Fiscalía de Florida anunció este lunes 19 de octubre que obtuvo una orden de arresto estatal contra el expresidente cubano Raúl Castro, por su presunta participación en la conspiración relacionada con el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996.
El ataque dejó cuatro muertos: los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr., además de Pablo Morales, residente de Estados Unidos.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, informó que la orden fue emitida por la jueza Ariana Fajardo Orshan, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, tras las actuaciones de la Fiscalía estatal y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE).
“Raúl Castro ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro floridanos”, afirmó Uthmeier, quien aseguró que las autoridades estatales continuarán buscando que se establezcan responsabilidades por los hechos.
Según el comunicado oficial, la orden contempla un cargo de conspiración para cometer asesinato, delito grave bajo la legislación de Florida. La Fiscalía también indicó que la jueza dispuso que no se conceda libertad bajo fianza mientras el caso permanezca abierto y que no se descarta la presentación de cargos adicionales.
El caso por el derribo de las avionetas
Los hechos se remontan al 24 de febrero de 1996, cuando fuerzas cubanas derribaron dos aeronaves de Hermanos al Rescate cerca de la costa de Cuba. Una tercera avioneta de la organización logró escapar.
La agrupación realizaba vuelos para localizar y asistir a cubanos que intentaban llegar por mar a Estados Unidos. El Gobierno cubano acusaba a la organización de participar en operaciones contra el régimen, mientras Washington sostenía que las aeronaves no estaban armadas y que sus ocupantes no representaban una amenaza.
De acuerdo con una declaración jurada citada por las autoridades de Florida, Raúl Castro, quien entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y primer vicepresidente cubano, habría formado parte de la cadena de mando que autorizó la operación.
El documento sostiene, además, que agentes de inteligencia cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate recopilaron y transmitieron a La Habana información sobre los planes de vuelo.
Estas afirmaciones forman parte de los argumentos presentados por las autoridades estadounidenses y deberán ser examinadas en el marco de los procedimientos judiciales correspondientes.
La orden estatal se suma al proceso federal
La actuación de Florida se añade a la acusación formal presentada en mayo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro y otros señalados por su presunta participación en el derribo.
Ese proceso federal incluye acusaciones relacionadas con conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato.
El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones sostuvo que la actuación estatal complementa el caso federal y representa un paso adicional en la búsqueda de responsabilidades por la muerte de los cuatro ocupantes.
Castro ha negado haber ordenado directamente el ataque, mientras que el Gobierno cubano ha rechazado las acusaciones estadounidenses.
Díaz-Canel condena la medida
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó la orden de arresto y la calificó de maniobra política promovida por sectores contrarios al Gobierno de la isla.
En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario describió la actuación como un “patético circo miamense” y cuestionó su fundamento jurídico.
Díaz-Canel también sostuvo que la medida forma parte de una estrategia de presión contra Cuba y la vinculó con las sanciones impuestas por Washington.
La decisión se produce en medio de un aumento de las tensiones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, en un contexto de nuevas sanciones estadounidenses contra dirigentes y personas vinculadas con el entorno del poder cubano.
La orden de arresto abre un nuevo frente judicial contra Raúl Castro en Estados Unidos. Sin embargo, su alcance práctico y la evolución de los procesos dependerán de las actuaciones de las autoridades judiciales y de las condiciones legales para hacer efectiva la medida.
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