De la Espriella confronta a dirigentes de San Andrés por presuntas irregularidades en el hospital del archipiélago

Foto caracol.com.co

*El presidente acusó a la representante Elizabeth Jay-Pang de tener vínculos familiares con la contratación pública y aseguró que durante años se habrían sustraído recursos del centro asistencial. Congresistas de distintas corrientes políticas cuestionaron el tono de sus declaraciones, mientras otros respaldaron la intervención hospitalaria y reclamaron investigaciones.

El presidente Abelardo de la Espriella protagonizó un fuerte enfrentamiento verbal con la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, al formular acusaciones sobre presuntas irregularidades en la contratación pública y el manejo del hospital del archipiélago.

Durante el cruce, el mandatario se refirió al esposo de la congresista y afirmó: “Toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación”. También aseguró que las irregularidades en el hospital se habrían prolongado durante años y declaró: “Llevan años robándose el hospital”.

De la Espriella sostuvo que su administración buscará esclarecer el destino de los recursos públicos destinados a San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Según afirmó, el problema de la región no ha sido la falta de presupuesto, sino la manera en que se habrían administrado los dineros públicos.

“A este archipiélago no se lo van a volver a robar en mi administración”, manifestó el presidente, quien aseguró que no permitirá que se afecten los recursos destinados a las comunidades más vulnerables.

Las declaraciones provocaron reacciones encontradas en el escenario político nacional. Desde sectores de oposición se cuestionó que el jefe de Estado formulara señalamientos de esa gravedad en un enfrentamiento público, mientras dirigentes de derecha respaldaron la intervención del centro asistencial y reclamaron que se investiguen las posibles anomalías.

Cuestionamientos al tono presidencial

La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, cuestionó la forma en que el presidente se dirigió a las dos dirigentes del archipiélago. Sostuvo que, si existen pruebas de corrupción, estas deben ser presentadas ante las autoridades competentes.

“Si hay corrupción, denúnciela”, expresó la congresista, quien advirtió que el presidente no debe sustituir a los jueces ni a los organismos encargados de investigar y establecer responsabilidades.

Por su parte, la representante a la Cámara Alexandra Pineda Ortiz cuestionó lo que consideró un trato desigual del mandatario frente a distintos sectores políticos del Caribe colombiano. La congresista comparó la confrontación con las dirigentes de San Andrés con la actitud que, según ella, De la Espriella ha mantenido frente a otros grupos políticos de la región.

Pineda mencionó al clan Gnecco y cuestionó el supuesto contraste entre los señalamientos contra las dirigentes del archipiélago y el respaldo que, según su versión, el presidente habría expresado hacia ese sector político durante una visita reciente al Cesar.

La representante también advirtió que, si no se presentan elementos verificables que sustenten las acusaciones, estas podrían convertirse en un espectáculo mediático.

Sectores de derecha respaldan la intervención

En contraste, el exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela pidió a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control acelerar las investigaciones relacionadas con las presuntas irregularidades en San Andrés. El exfuncionario afirmó que había advertido anteriormente sobre posibles problemas en la administración de recursos de la isla.

El representante a la Cámara Hernán Cadavid, del Centro Democrático, respaldó la intervención del hospital y sostuvo que en distintas regiones del país los centros asistenciales podrían estar siendo utilizados para pagar favores políticos.

Cadavid señaló que la decisión debe servir de advertencia frente al posible uso de instituciones públicas en beneficio de aliados o financiadores de campañas políticas.

El enfrentamiento deja abierto el debate sobre el manejo de los recursos destinados al hospital de San Andrés y sobre la responsabilidad de las autoridades en el esclarecimiento de las denuncias. La determinación de eventuales responsabilidades, sin embargo, corresponde a las instancias competentes a partir de pruebas y actuaciones debidamente verificadas.


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