Crisis del carbón en Colombia: caen exportaciones, ingresos y miles de empleos están en riesgo

El sector del carbón en Colombia atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. Una combinación de factores externos e internos ha provocado una fuerte contracción en las exportaciones, una caída sustancial de los ingresos y un escenario de alta incertidumbre para miles de trabajadores y regiones que dependen de esta actividad.

Según cifras de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), el volumen de las exportaciones de carbón registró una disminución del 21,2%, mientras que los ingresos proyectados para 2025 se redujeron en un 31,8%. Este retroceso se da en un contexto internacional marcado por la sobreoferta, la acumulación de inventarios y una caída superior al 20% en los precios del carbón y el coque en los mercados globales.

No obstante, el gremio minero advierte que los factores más determinantes de la crisis son de orden interno. En los últimos tres años, el sector ha enfrentado un aumento significativo de la carga tributaria y administrativa, que incluye una sobretasa permanente del 10% al impuesto de renta, un impuesto adicional del 1% sobre las ventas de carbón decretado bajo la figura de Emergencia Económica y el incremento del porcentaje de autorretención del 1,6% al 4,5%. Estas medidas, señala Fenalcarbón, han reducido de manera drástica la liquidez de las empresas y deteriorado su capacidad operativa.

El impacto de este escenario ya se refleja en los niveles de producción. En los últimos dos años, la extracción de carbón cayó un 19% frente a ciclos anteriores, lo que equivale a cerca de 10 millones de toneladas que dejaron de producirse. Esta tendencia pone en entredicho la sostenibilidad de una industria que en 2023 generó alrededor de 130.000 empleos directos y cerca de 650.000 a lo largo de toda la cadena de valor, especialmente en departamentos como Boyacá, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Antioquia, Córdoba, La Guajira y Cesar.

Empleo y economías regionales en alerta

El deterioro de la competitividad del sector amenaza con profundos efectos sociales. Fenalcarbón estima que entre 2023 y 2025 podrían perderse más de 25.000 empleos directos y cerca de 100.000 indirectos en toda la cadena productiva. A este panorama se suma el impacto del incremento del salario mínimo y otras medidas económicas, que podrían derivar en la pérdida adicional de hasta un 25% de los puestos de trabajo, es decir, alrededor de 150.000 empleos, con especial afectación sobre la pequeña y mediana minería.

Las finanzas territoriales también resentirán el golpe. Las proyecciones indican una reducción del 29% en los ingresos por regalías y contraprestaciones que recibirían municipios y departamentos productores en 2025, lo que compromete la inversión social y la estabilidad fiscal de estas regiones.

Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, advirtió que “el aumento de costos, muchos de ellos indexados al salario mínimo, sumado a mayores gastos logísticos y operativos, compromete la viabilidad de cientos de empresas”. Subrayó además que “el carbón representa empleo, estabilidad y desarrollo para miles de familias” y que la caída de las exportaciones constituye un golpe directo al tejido social y económico de las zonas productoras.

Costos logísticos y presión fiscal

Otro factor crítico es el incremento de los costos logísticos. La reducción en los volúmenes de carga transportada desde el interior del país hacia los puertos elevó los costos por tonelada, erosionando aún más la competitividad del sector. A esto se suma la menor disponibilidad de recursos por regalías, que multiplica los efectos negativos sobre las economías locales donde la minería del carbón es una actividad central.

Frente a este panorama, el gremio insiste en la necesidad de una respuesta coordinada por parte de las autoridades. Fenalcarbón hace un llamado a una “transición planificada” que permita mantener la competitividad del sector y proteger el empleo, evitando que la crisis derive en una mayor precarización social en las regiones mineras.

Preocupación por nuevas medidas fiscales

La Asociación Colombiana de Minería (ACM) también expresó su preocupación por la expedición del Decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional, amparado en la Emergencia Económica —hoy suspendida de manera provisional—, introdujo nuevas cargas fiscales a la industria. Para el gremio, esta decisión incrementa la presión tributaria y profundiza la incertidumbre regulatoria.

El presidente ejecutivo de la ACM, Juan Camilo Nariño, calificó como “inadmisible” el uso de la Emergencia Económica para revivir normas que ya habían sido declaradas inconstitucionales, como la prohibición de deducir las regalías. Según la asociación, estos mecanismos podrían generar un recaudo de corto plazo con altos riesgos fiscales y jurídicos para el próximo gobierno, además de afectar la estabilidad económica futura del país.

En este contexto, los gremios mineros reiteran la necesidad de respetar el orden constitucional y garantizar la seguridad jurídica, advirtiendo que la crisis actual podría sentar precedentes negativos para la industria extractiva y poner en riesgo la viabilidad fiscal y social de las regiones productoras en los próximos años.