El presidente colombiano Gustavo Petro anunció este lunes 15 de septiembre que Estados Unidos decidió descertificar a Colombia como aliado en la lucha contra las drogas, en lo que representa un duro golpe para las relaciones bilaterales y para la cooperación en materia de seguridad. La medida afecta al mayor productor mundial de cocaína, que durante décadas ha recibido cuantiosos recursos para combatir el narcotráfico.
“Voy a anunciar hoy que los Estados Unidos nos descertifican, después de decenas de muertes de policías, sobre todo de soldados, de gente común, tratando de impedir que les llegue la cocaína”, declaró el mandatario durante un consejo de ministros transmitido por televisión. Petro, sin embargo, no ofreció más detalles inmediatos.
Un mecanismo con peso político y económico
La llamada certificación antidrogas es un mecanismo que Washington aplica desde 1986 para evaluar los esfuerzos de unos veinte países en la lucha contra la producción y el tráfico de estupefacientes. El dictamen, que suele emitirse cada septiembre, condiciona el acceso a ayuda financiera, cooperación militar y respaldo en organismos internacionales.
En el caso de Colombia, la certificación significaba en promedio 380 millones de dólares anuales en asistencia, destinados principalmente a programas de erradicación, interdicción aérea y marítima, desarrollo alternativo y fortalecimiento de la fuerza pública.
El Departamento de Estado confirmó la medida poco después del anuncio de Petro, al señalar que Colombia fue retirada de la lista de países que cumplen con sus obligaciones internacionales y que, junto con otras cuatro naciones, fue designada por haber “incumplido manifiestamente” durante el último año.
Impacto en la cooperación militar y policial
La descertificación afecta directamente los mecanismos de cooperación para combatir a organizaciones criminales como el Clan del Golfo, las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC que persisten en economías ilegales. Estos grupos han fortalecido sus operaciones en zonas rurales tras el estancamiento de la erradicación forzosa y la expansión de los cultivos de coca, que según Naciones Unidas alcanzaron un récord histórico de más de 230.000 hectáreas en 2023.
Petro reaccionó con firmeza al señalar que la medida marca un punto de quiebre: “Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y de sus Fuerzas Militares del armamento de los Estados Unidos. No más limosnas ni regalos. Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios, porque si no, no será un Ejército de la soberanía nacional”.
Antecedente histórico y tensiones actuales
Colombia ya había sido descertificada en 1996, bajo el gobierno de Ernesto Samper, en medio del escándalo por el ingreso de dineros del Cártel de Cali a su campaña presidencial. Esa decisión generó un deterioro notable en la relación bilateral y presionó reformas internas en la política antidrogas.
El nuevo revés se produce en un contexto de relaciones tensas entre Washington y el gobierno de Petro. Mientras Estados Unidos insiste en la erradicación y persecución militar, el presidente colombiano defiende un enfoque basado en la reducción de daños, la sustitución voluntaria de cultivos y la despenalización progresiva, al considerar que “la guerra contra las drogas fracasó”.
Reacciones y panorama incierto
Analistas señalan que la descertificación abre un escenario complejo: el Congreso estadounidense podría bloquear parte de la ayuda a Bogotá, mientras inversionistas y socios internacionales toman nota de la sanción política. Para Colombia, el reto inmediato será financiar sus propios programas de seguridad y erradicación en medio de una crisis fiscal.
Aunque aún no se conocen medidas complementarias por parte de Washington, la decisión marca un punto de inflexión en una relación histórica en la que Estados Unidos ha invertido más de 10.000 millones de dólares desde el Plan Colombia (2000).
Por ahora, la descertificación deja en suspenso la cooperación y plantea interrogantes sobre el rumbo de la política antidrogas en el país andino, que deberá redefinir su estrategia frente al narcotráfico en un escenario de menor apoyo internacional.
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