Eduardo Montealegre será el próximo ministro de Justicia: fuerte rechazo de la oposición

En la mañana de este miércoles 5 de junio de 2025, el país amaneció con la noticia de que Eduardo Montealegre Lynett, exfiscal general de la Nación, será designado como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Ángela María Buitrago, quien presentó su renuncia recientemente. La información, adelantada por el periodista Julio Sánchez Cristo a través de sus redes sociales y confirmada más tarde por W Radio, generó inmediatas reacciones en el espectro político, especialmente desde la oposición.

Montealegre confirmó a la emisora que el proceso de su nombramiento comenzará de forma oficial este mismo jueves 5 de junio y que su posesión está prevista para el próximo miércoles 11. Desde tempranas horas, la noticia causó revuelo, no solo por la trayectoria del jurista, sino también por las implicaciones políticas y jurídicas que su llegada podría tener para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Uno de los puntos más sensibles gira en torno a su abierta postura frente al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Montealegre ha sido uno de los más férreos críticos del líder del Centro Democrático, especialmente en el marco del proceso que enfrenta por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. De hecho, ha señalado en varias ocasiones la supuesta injerencia de los abogados de Uribe en la modificación de testimonios claves dentro del caso.

Por este motivo, desde la bancada opositora no tardaron en pronunciarse con fuerza. A través de comunicados y declaraciones en medios, distintos sectores anunciaron que recibirán a Montealegre en el Congreso con una moción de censura, en rechazo a su nombramiento. “Lo recibiremos con una moción de censura. No podemos permitir que alguien que ha tomado partido en procesos judiciales delicados llegue a encabezar el Ministerio de Justicia”, declaró un senador del Centro Democrático.

Además del proceso contra Uribe, hay otro aspecto que ha encendido las alarmas: la cercanía ideológica y jurídica de Montealegre con el presidente Petro y su respaldo a las polémicas estrategias gubernamentales para sacar adelante sus reformas. En diálogo con El Espectador el pasado 4 de mayo, el exfiscal explicó su participación en reuniones en la Casa de Nariño con juristas y el propio presidente, en las que discutieron la viabilidad jurídica de convocar una consulta popular por decreto, al margen del Congreso.

“La semana pasada di mi opinión en medios de comunicación y escribí un artículo donde exponía por qué razón el trámite del Congreso era inconstitucional (...). A partir de ese artículo, la Presidencia de la República me llamó el lunes a preguntarme si quería participar en una reunión con el señor presidente para debatir estos argumentos”, explicó Montealegre en esa ocasión.

Este antecedente refuerza la lectura de que su llegada al Ministerio no será solo técnica, sino que forma parte de una estrategia del Ejecutivo para blindarse jurídicamente frente a los múltiples frentes de oposición institucional, especialmente en el Congreso y en las altas cortes. En palabras de Julio Sánchez Cristo, “el mensaje del presidente Petro sería claro: va a enfrentarse al Congreso y a las cortes judicialmente para defender sus reformas y su cambio”.

La hoja de vida de Eduardo Montealegre da cuenta de una extensa carrera en el sector judicial. Fue magistrado de la Corte Constitucional hasta 2004, viceprocurador General de la Nación entre 1997 y 2001, y Fiscal General de la Nación entre 2012 y 2016. Nacido en Ibagué y formado como abogado en la Universidad Externado de Colombia, completó estudios de posgrado en Derecho Penal en la Universidad de Bonn y en Derecho Constitucional en la Universidad de Erlangen, ambas en Alemania.

A pesar de su sólida trayectoria, el nombramiento de Montealegre promete convertirse en un nuevo foco de confrontación política en el país, en medio de un contexto en el que la división entre el Ejecutivo y otros poderes del Estado parece profundizarse. Su posesión, prevista para la próxima semana, marcará el inicio de un capítulo que no solo tendrá repercusiones legales, sino también de gran impacto político.